Las noches prohibidas del paraíso.

CONTRA LA CRISIS, III REPÚBLICA

Este 14 de abril nos encuentra ante la más negra crisis general del capitalismo, la mayor de su historia. El hundimiento de la economía capitalista se extiende por todos los países del mundo y los más expertos economistas, ni se aventuran a predecir su fin, ni saben como pararlo.

El desastre afecta al Estado español de forma más intensa que a cualquier otro de la UE y muestra de una manera descarnada el carácter parasitario y dependiente de nuestra economía. El capitalismo español que, desde la entrada en el euro ha perdido la posibilidad de devaluar la moneda como válvula de escape ante la escasa competitividad de nuestros productos y como mecanismo anticrisis, se vuelve, insaciable, hacia la única alternativa que ofrece el sistema para reducir costes: bajar los salarios y abaratar, aun más, los despidos.

El crecimiento económico, conseguido a partir de la especulación salvaje con derechos básicos como la vivienda, las privatizaciones masivas y, sobre todo, precarizando al máximo las condiciones de trabajo, se derrumba sobre las espaldas de la clase obrera, afectando sobre todo a inmigrantes, mujeres y jóvenes, y de las clases populares. A los despidos masivos que se producen a un ritmo mayor de 200.000 personas al mes, hay que añadir casi un millón de trabajadores y trabajadoras sin papeles y/o sin contratos que se ven en la calle sin indemnización y sin derecho al paro. En muchos casos, al desempleo se une la incapacidad para seguir pagando la hipoteca de la vivienda y llega el drama de los embargos y los desahucios que crecen en cascada.

Mientras, el gobierno inyecta miles de millones de euros con dinero público (van ya 30.000 millones 5 billones de pesetas) a una banca que bloquea el crédito, presta una mínima parte de lo recibido y emplea la mayor cantidad en sanear sus cuentas. Así es el expolio del capitalismo en crisis: millones de trabajadores sin casa y sin empleo, mientras el dinero público, su dinero, va a parar a los bancos.

La catástrofe que se está gestando será sin duda el germen de grandes movilizaciones. Nuestro deber es situarnos en primera línea con los que luchan, contribuyendo a la politización de las reivindicaciones. Hay que ayudar a extender la conciencia de que, de los poderes establecidos, sólo va a llegar más de lo mismo y de que es preciso impulsar la autoorganización obrera y popular para resolver de forma solidaria los problemas más inmediatos: para impedir el enchufismo en el acceso a los empleos públicos, para exigir que los fondos públicos se utilicen adecuadamente, para que ningún trabajador o trabajadora se quede sin derecho a la prestación por desempleo, para impedir los desahucios…etc. Al mismo tiempo, se trata de extender la evidencia de que, exigencias que ya empiezan a tomar carta de naturaleza, como la nacionalización de la banca, la devolución a manos públicas de los sectores estratégicos privatizados – incluyendo de forma prioritaria la sanidad y la educación – o la planificación democrática de la economía, deben inscribirse en una lucha general por la destrucción de la estructura de poder corrupta al servicio de quienes se han enriquecido de forma descomunal y han provocado este derrumbe general.

En un escenario internacional en el que el terrorismo de estado se emplea con saña para intentar aplastar a quienes se enfrentan al sistema de dominación, en el conjunto del Estado español se está produciendo una escalada represiva contra dirigentes obreros, estudiantes, jóvenes republicanos y antifascistas, por no hablar de la esclavización y la “caza a la persona” que sufren las y los trabajadores inmigrantes.

Donde la represión ha llegado a cotas inimaginables, ni siquiera en la más ramplona democracia burguesa, ha sido en la persecución de la izquierda abertzale. Los juicios multitudinarios contra dirigentes de movimientos sociales y de medios de comunicación populares, los encarcelamientos masivos, las torturas, las prohibiciones de manifestaciones… etc., hasta llegar a la ilegalización de una tras otra de sus organizaciones políticas, privando de representación electoral a centenares de miles de personas, se suceden sin que ninguna institución del Estado se dé por aludida excepto para contribuir al objetivo de aniquilar la presencia de la izquierda abertzale en la vida política y social vasca. Este esperpento político adquiere mayor evidencia cuando organizaciones como Amnistía Internacional o el Relator de la ONU cuestionan la Ley de Partidos y las ilegalizaciones realizadas bajo su amparo.

La denuncia de la persecución sistemática y brutal de la izquierda abertzale y de la práctica generalizada de la tortura, así como la exigencia de la derogación de la Ley de Partidos y la Amnistía para todos las presas y presos políticos, deben formar parte destacada del programa y de la lucha de todas las fuerzas de izquierda y democráticas que merezcan tal nombre

Es aquí donde todas las estructuras del estado heredadas de la dictadura aparecen de forma más brutal y señalan la necesidad de romper con el orden constitucional de 1978 para hacer posible que el ejercicio del derecho de los pueblos a decidir soberanamente sea la forma en que se organice su relación.

La vergonzante Ley 52/07 de Memoria Histórica, que respondió al objetivo fundamental de desvincular la memoria de cualquier proyecto político de futuro, muestra la debilidad de todo el engranaje de esta “democracia” que mantiene la legalidad de la legislación y los tribunales fascistas (Decreto de Mola en Burgos) que sirvieron para asesinar, torturar, encarcelar y robar a centenares de miles de republicanas y republicanos. El hecho de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomiende la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 da idea de cómo es percibida la “hazaña” de juzgar delitos de Crímenes contra la Humanidad, considerando ajenas a derecho Leyes de punto Final de otros países, cuando aquí tenemos impune uno de los mayores genocidios de la historia.

La relación del Gobierno PSOE con la iglesia católica, bajo la hojarasca de alguna que otra declaración mínimamente crítica, se caracteriza por la sumisión más indecente (con hincamiento de rodilla de la Vicepresidenta del Gobierno ante el Papa-nazi) y el aumento sin precedentes en la financiación pública que ha pasado del 0,52 al 0,7% en el porcentaje recibido a través del IRPF. Y hay que añadir el escándalo de la financiación 100 % con dinero público de colegios confesionales (sólo de la iglesia católica), dejando una vez más en papel mojado los artículos de la Constitución que contravienen intereses de los poderes fácticos.

El reciente ataque de Israel a Gaza y la masacre perpetrada por el Estado sionista han mostrado una vez más cómo el gobierno PSOE, al igual que el del PP, en materia militar y en política internacional se sitúa en las antípodas de sus pueblos. Mientras centenares de miles de personas ocupaban las calles condenando a Israel, exigiendo la ruptura de todo tipo de relaciones y la suspensión del Acuerdo Comercial Preferente de la UE y denunciaba la venta de armamento a Israel, el gobierno trataba a la Entidad sionista de gobierno “amigo”, Moratinos cometía la ignominia de atribuir la responsabilidad a Hamás y, lo que es más vergonzoso, prometía cambiar la Ley que permite perseguir la cadena militar de mandos israelí por las masacres cometidas en 2002 para evitar posibles enjuiciamientos por la última matanza. Mientras tanto buques de la OTAN están contribuyendo al bloqueo marítimo de Gaza. Por eso es preciso que el movimiento republicano contribuya decisivamente a plantear la necesidad de salir de la OTAN y de que una nueva Constitución republicana impida que los gobiernos actúen en nuestro nombre quebrantando los más elementales conceptos de justicia, solidaridad y respecto a la soberanía de otros pueblos y de los del Estado español.

Frente a la desesperación que se abate sobre millones de trabajadores y trabajadoras ante la imposibilidad de resolver situaciones personales acuciantes, afirmamos que el orden establecido no ofrece salida alguna para las clases populares y que por ello es urgente que la organización y las luchas se multipliquen y se coordinen. Junto al objetivo inmediato de hacer frente a las necesidades más acuciantes, hay que situar el objetivo de acabar con una estructura de poder político y económico corrupta y heredera de la Dictadura, con la familia real a la cabeza, para alumbrar formas de organización política y social basadas en la democracia directa, en la eliminación de toda discriminación entre seres humanos, en la preservación del medio natural y en colocar toda la riqueza al servicio de las necesidades humanas.